La Ley Universitaria es una respuesta oportuna y contundente frente a la situación actual del ámbito universitario, reconocida por el propio Tribunal Constitucional en una sentencia previa.

En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se creó para garantizar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad en todas las universidades del país y así revertir los pésimos resultados obtenidos bajo la autorregulación a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), precisó hoy el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví.

De ese modo, expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) emitirá, en breve plazo, un fallo que ratifique la vigencia de la norma y por ende la continuidad de la Reforma Universitaria.

“No hay duda de que fallará a favor de la continuidad de la norma, porque al TC le preocupa la calidad educativa y los intereses de los estudiantes”, añadió tras comentar que gracias a la Ley Universitaria hoy el Estado ha recuperado su rol rector y puede establecer una política que posibilite la adecuada regulación de las universidades.

“Antes había una Asamblea Nacional de Rectores que era un club de autoridades que se autoregulaban, pero eso no funcionó porque provocó el incremento de los costos de las matrículas, así como la aparición de universidades con un servicio educativo de calidad heterogénea, algunas de buena calidad y otras de pésima calidad”, recordó Saavedra.

El ministro señaló que en las próximas semanas será publicado el nuevo reglamento de infracciones y sanciones universitarias, además de las condiciones básicas que todas las universidades están obligadas a cumplir para obtener el licenciamiento correspondiente. Para ello, anotó, se han establecido plazos escalonados para asegurar el cumplimiento de las mismas.

“Nosotros como Estado debemos proteger los intereses de nuestros estudiantes”, subrayó Saavedra. Asimismo, lamentó que a la fecha las autoridades de ocho universidades públicas se resistan a acatar la ley.

Sostuvo que estos cambios son parte de la Reforma Universitaria emprendida por el gobierno y que tiene como objetivo asegurar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a una educación universitaria de calidad que permita su realización personal, y los forme como ciudadanos y profesionales de alta productividad.