Es un mecanismo que permite la ejecución de proyectos de inversión pública por parte de empresas privadas que optan por pagar hasta el 50% de su impuesto a la renta a través de la ejecución de un proyecto público en lugar de pagar dicho impuesto en efectivo.

De esta manera, la empresa privada financia la obra hoy, mientras que los gobiernos regionales, locales y universidades públicas se benefician al conseguir que la obra se materialice en el corto plazo pero pagándola hasta por diez años sin intereses con cargo a sus recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras, rentas de aduana y participaciones.